Documentos
Aqui los animo a subir decretos, comunicados, etc.
Solo documentos, por favor.
La norma es que sean reales. Cuento con ustedes para eso.
Gracias a Escéptico por proponer el tema.
sábado, 6 de junio de 2009
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16 comentarios:
Hay un artículo de la Corporación Colectivo de Abogados, tal vez el menos parcializado, donde se hace un análisis del artículo 38 del Plan Nacional de Desarrollo:
¿LEY DE LEYES: PLAN NACIONAL DE DESARROLLO?
Este son los artículos 38 y 39 del Plan nacional de Desarrollo:
"ARTÍCULO 38. Saneamiento del Pasivo Pensional de las Universidades Estatales del Orden Nacional. La Nación y las universidades estatales del orden nacional concurrirán al saneamiento del pasivo pensional de dichas entidades en los términos establecidos en el artículo 131 de la ley 100 de 1993. Las sumas que se hayan transferido por parte de la Nación con las cuales haya sido atendido pasivo pensional de dichas universidades a partir de la fecha de corte prevista en el artículo 131 de la ley 100 de 1993, se tendrán en cuenta como pago parcial de la concurrencia a cargo de la Nación de acuerdo a la reglamentación que para el efecto se establezca.
"Parágrafo: La concurrencia prevista en el artículo 131 de la ley 100 de 1993 respecto de las universidades territoriales se aplicará también en aquellos eventos en los cuales el pasivo pensional se encuentre a cargo de las cajas de previsión territoriales o quienes la hubieran sustituido.
"ARTÍCULO 39. Normalización de Pasivos Pensionales. Los mecanismos de normalización de pasivos pensionales previstos en las leyes 550 de 1999 y 1116 de 2006 y desarrollados por el Gobierno Nacional mediante decretos reglamentarios, podrán ser implementados de manera voluntaria por todos los empleadores públicos y privados que tengan a su cargo pasivos pensionales."
falta el artículo 34 y el 6 por si lo pueden conseguir. el 34 es el más jodido
Pido perdon a Carolina por borrar si entrada de esta discusio.
La entrada permanece y permanecera en la seccion opinion que ella amablemente inicio.
No es un intento de censura, sino para desalentar la practica de inundar los distintos temas con el mismo comentario.
Igual lo que dice es tan valido como lo que diga cualquier otro.
miren este y opinen ADMON DE EMPRESAS UDEA:
TRES EJEMPLOS EXITOSOS DE CONCURRENCIA PARA PARA PAGOS DE PENSIONES DE UNIVERSIDADES (Las universidades de Antioquia, UIS y del Atlántico )
Bogotá, jun. 3 (SNE).- En el pasado Consejo Comunal de Gobierno sobre el sector educativo se presentaron tres ejemplos exitosos de acuerdos de concurrencia firmados por tres universidades, y con los cuales las universidades aportan una mínima parte para pagar a sus jubilados (antes cancelaban todo) y disfrutan de una sólida situación financiera.
Este tema de los acuerdos de concurrencia con las universidades está contemplado en el artículo 38 del Plan Nacional de Desarrollo que está para ser sancionado por el presidente de la República, y ha causado la protesta de estudiantes y profesores de las universidades.
El Ministerio de Hacienda ya firmó convenios de concurrencia con las universidades de Antioquia, Industrial de Santander, Atlántico y del Valle. Están listos para suscribir con las universidades de Nariño, Quindío, Pamplona, Cartagena y Distrital.
Los rectores de las universidades de Antioquia, Industrial de Santander (UIS) y del Atlántico expusieron los avances logrados en sus instituciones.
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
El rector Alberto Uribe Correa recordó que hasta 1993 cuando se promulga la Ley 100 y su artículo 131, la Universidad de Antioquia tenía una nómina de 1.098 pensionados que le presentaban 5.045 millones de pesos y que le representaban el 29 por ciento de su nómina de personal.
Ante esto, el rector de la época y un asesor, intervinieron con el apoyo de las demás universidades territoriales ante el ponente de la ley 100 de 1993 que era el hoy presidente Álvaro Uribe, y con el entonces ministro de Trabajo, Juan Luis Londoño.
Allí se incluyó el articulo 131 reglamentado por el decreto 2337 de 1996, que establece que las universidades del nivel territorial, departamental, distrital, municipal deberían crear un fondo para el pago del pasivo pensional financiado por la Nación, el departamento y la respectiva universidad.
Entre 1994 y 2007 la Universidad de Antioquia siguió pagando las pensiones pero cada vez representaba una mayor parte de la nómina de personal activo. Para el 94 ya había crecido al 37 por ciento y en el 97 el 41 por ciento. ¿Qué institución puede funcionar así? Esta era una verdadera amenaza para la universidad pública colombiana del orden territorial que la hacía inviable, se preguntó y se respondió el rector.
El departamento hasta 1999 asumió todos los jubilados de la universidad. El Ministerio de Hacienda aprobó el cálculo actuarial de las pensiones a pesos de 1993 y quedó en bonos proyectados pensionales por 2.684 bonos que representaban 98.400 millones de pesos de 1993. Los pensionados que venía asumiendo la universidad, por 86 mil millones para un total de 3.800 personas y 185 mil millones de pesos.
El decreto 2337 hablaba de la concurrencia, es decir que lo que se hubiera concurrido en la financiación de la universidad en los cinco años previos a la expedición y sanción de la ley 100 de 1993, es decir que en el cálculo se tomaron los años 89, 90, 91,92 y 93, y en ese porcentaje la Nación había concurrido con un 78 por ciento, el departamento un 11 y la universidad en 10 por ciento.
Este decreto estableció adicionalmente que las universidades debían asumir las pensiones al 31 de diciembre de 1996 y después lo tendrían que reconocer las diferentes administradoras de pensiones y la universidad asumía el compromiso de expedir esos bonos.
Con el decreto 2337 del 96 la Nación inicio el proceso de expedición de los bonos de valor constante, eso le significaba a la universidad asumir cargas financieras mientras se podían redimir esos bonos.
Una vez firmado el convenio de concurrencia en junio de 2002 ya cambia radicalmente pues la Nación le gira a la fiduciara en forma de semestre anticipado, y el departamento un mes anticipado.
Hoy, en el 2007, el valor que debía incluir la universidad antes de la Ley 100 de 1993 era de 87 mil millones, si no hubiera existido ese artículo 131 y realmente le corresponde aportar 8 mil millones de pesos, es decir que la diferencia la asumen la Nación y el departamento de Antioquia.
Anotó el rector que la universidad estuvo dividida frente al decreto 2337 pues señalaba que el artículo 131 de la ley solo habla de concurrencia de la Nación y el ente territorial, unos juristas de la facultad de Derecho de la universidad decían que la universidad tenía que concurrir y otros decían que no y que era ilegal. La universidad lo demandó y el fallo del Consejo de Estado de junio de 2005 dio claridad diciendo que los pensionados son de la universidad y que el espíritu artículo 131 era que llamaba a la Nación y departamento a que le concurriera apoyándolo en la proporción que dice el decreto 2337 en el pago de ese pasivo pensional.
Como conclusiones puntualizó:
“La más importante es la social, es la garantía del pago de las mesadas y bonos pensionales a los jubilados.
Y el beneficio financiero fue el logro de un equilibrio financiero para la Universidad de Antioquia que año tras año arrastraba un déficit que siempre equivalía al pago del pasivo pensional”.
Aclaró que el aporte que ha tenido que hacer la Universidad no lo ha afectado en la parte pensional ni se han subido las matrículas. “Por el contrario, señor Presidente Álvaro Uribe, liberamos unos recursos que nos ingresaban por Ley 30 que antes los dedicábamos al pago de ese pasivo, ahora los podemos invertir misionalmente”, dijo.
Recordó que gracias a la ley de estampilla pro Universidad de Antioquia hasta un 20 por ciento de los recaudos de estampilla van para el apoyo del pasivo pensional.
Anotó que la carga que había asumido la Universidad entre el 94 y cuando se firma el convenio, el Ministerio de Hacienda le entregó unos bonos que la universidad no los gastó sino que los puso en el sistema financiero y con los rendimientos pagan las pensiones y les ha servido para apoyar la parte misional.
Adicionalmente las cuotas partes que debía el departamento, por 33 mil millones, el Consejo Superior los destinó a la parte que le correspondía a la universidad asumir en la concurrencia.
Con respecto al presupuesto para 2007 dijo que es de 450 mil millones de pesos, la Nación aporta 178 mil millones, el departamento 18 mil millones y las matrículas solo representan el 3 por ciento del presupuesto, lo otro proviene de la gestión que desarrolle, como investigaciones, que representan un 33 por ciento de los recursos totales.
En la Universidad de Antioquia el valor de la matrícula no se ha modificado, antes por el contrario se ha rebajado para los estratos 1 y 2, incluso debido a la crisis económica de finales de la década de los 90 y a que se presentó una gran deserción, en esa época se decidió que a los estudiantes de los estratos 1 y 2 que cumplieran requisitos en créditos y fueran buenos estudiantes, no se les cobraría matrícula.
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
El rector Jaime Alberto Camacho explicó que antes de 2001, fecha en la que se firmó el convenio de concurrencia con el Ministerio de Hacienda y con el departamento de Santander, el mecanismo para pagar las pensiones consistía en que el 100 por ciento de la mesadas lo asumía la universidad, cada tres meses se hacían cortes, se enviaban a Hacienda para que concurriera en el porcentaje correspondiente y en 9 ó 10 meses se le enviaban los recursos.
Casi un año la universidad tenía que financiar con recursos propios, con deudas financieras pagando intereses, para poder pagar las pensiones, llegando incluso en algunos momentos a atrasarse 4 o 6 meses en el pago de las mesadas.
Luego de firmado el acuerdo de concurrencia el Ministerio de Hacienda aporta el 85 de las mesadas pensionales, la Gobernación el 5 por ciento y la UIS el 10 por ciento.
La UIS pasó de pagar el 100 por ciento de las pensiones, de financiar durante un año con recursos propios, créditos y pagar intereses, a pagar un 10 por ciento de las mesadas.
En pesos de hoy, antes la universidad presupuestaba 25 mil millones para pagar las pensiones y hoy destina 1.900 millones de pesos.
Eso liberó recursos que han servido par hacer inversión, crecimiento y las actividades misionales de la universidad, sin que se tenga que recurrir ni a subir matriculas ni a cerrar programas.
La universidad vende servicios por unos 20 mil millones y tiene un presupuesto de 200 mil millones, que ha venido creciendo año tras año.
En la UIS no se ha tocado el valor de las matrículas desde 1994, es de 50 mil pesos. El 75 por ciento de los estudiantes pertenecen a los estratos 1, 2 y 3.
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO
La rectora Ana Sofía Mesa de Cuervo explicó que allí había pensiones que no cumplían requisitos legales, o por tiempo de servicio, o por edad, o porque se habían extendido beneficios de convención colectiva a docentes y a empleados públicos
Estas pensiones se conocen como no concurridas, las asume completamente la universidad hasta que las demandas salgan a favor de la universidad.
En los concurridos hay extralegalidades que se están demandando, denunció que de 830 pensiones se demandaron 450 y solamente ha habido 5 casos en los que el Consejo de Estado pide reliquidar con el 75 por ciento de los factores legales.
Al año el pago de las pensiones en la Universidad del Atlántico vale 45 mil millones, la universidad tiene que poner 30 mil millones, el resto lo paga la Nación con lo que concurre.
Dijo que hasta cuando las demandas fallen la Universidad quedará saneada financieramente, pero hasta ahora le toca poner casi al mitad de todo lo que toca pagar por pensiones.
La Universidad ayudó con 30 mil millones en 2006, con eso pagó acreencias pensionales de ley 550 y consiguió un crédito por 24 mil 500 millones en condiciones subsidiadas.
Hoy la Universidad del Atlántico trabaja al cien por ciento de su capacidad, tiene 13 mil estudiantes.
Gracias a las acciones, tocó reducir todos los gastos de funcionamiento, los recursos propios son pequeños, apenas un 4 por ciento de los recursos propios.
A la universidad le entran 65 mil millones y paga pensiones por 30 mil millones, le tocó bajar a la mitad los gastos de funcionamiento. Explicó que a la Universidad del Atlántico le ingresaban 100 pesos, pero gastaba 130 y además debía 180 pesos. Adicionalmente necesitaba pagar las pensiones y la Ley 550, tiene acrecencias por 180 mil millones de pesos, para las que aportó la Nación.
Se le concedió un crédito, se suprimieron 173 de los 450 cargos administrativos, hubo supresión de primas extralegales de los docentes y del personal administrativo a quienes se les había extendido por convención colectiva.
El acuerdo de concurrencia obligó a que la universidad se metiera en el Marco Legal, en todo, la sede de la 43 se va a arrendar en concesión, y los bienes inmuebles se van a vender, anunció.
El presidente Álvaro Uribe ordenó en el Consejo Comunal que en los próximos días se efectúe una reunión entre el Secretario Jurídico de la Presidencia, Mauricio González, el Consejo Superior de la Judicatura, los ministerios de Educación y Hacienda para acordar y definir un grupo de jueces que descongestione las 450 demandas colocadas por la universidad por las pensiones ilegalmente reconocidas.
La rectora indicó que si la reliquidación se hiciera en todas las pensiones, la concurrencia de la Nacion pagaría un 79 por ciento y la universidad el 10, es decir que pagaría unos 3 mil millones en vez de los 30 mil millones de hoy.
En el caso de las matrículas señaló que por acuerdo del Consejo Superior en enero de 2005 se habían estratificado, pero los rectores posteriores solo se las habían aplicado a los nuevos estudiantes y los estudiantes antiguos pagan 80 mil pesos por semestre.
Entonces se aplicó la estratificación a todos los estratos, los estudiantes de los estratos 1 y 2 pagan el 40 por ciento de un salario mínimo (el 85 por ciento de los estudiantes pertenecen a los estratos 1 y 2), además se les cobra mil pesos por el almuerzo a los estudiantes, hay monitorias económicas y administrativas a estudiantes de promedio mayor a 4.
La rectora dijo que un padre de familia que gane un mínimo, en 6 meses recibe 2 millones de pesos y pagaría 160 mil pesos por el estudiante.
Aceptó que como se venía aplicando la estratificación en el pago de las matriculas, el valor de la matrícula mínima pasó de 80 mil a 160 mil, pese a lo cual sigue siendo baja.
TOMADO DE LA PAGINA:http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2007/junio/03/04032007.htm
tampoco pa q se pasen escribiendo
En el Departamento Nacional de Planeación se encuentran documentos que soportan el PND, incluyendo la descripción de los problemas, los antecedentes, los objetivos y las metas:
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2006-1010
Del PND, el Artículo 6 "Descripción de los principales programas de inversión" es más bien largo y mejor dejo aquí el link en el Departamento Nacional de Planeación, donde está todo el Proyecto de Ley.
El Artículo 34 "De la adquisición de inmuebles" es más corto. Pero como ya les doy el Link del documento completo, entonces juzguen ustedes.
PROYECTO DE LEY POR LA CUAL SE EXPIDE EL PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO E INVERSIONES “ESTADO COMUNITARIO DESARROLLO PARA TODOS” 2006 – 2010
¡Parece que me equivoqué de PND!
¿Entonces cuál és? Una ayuda no caería mal.
Parece que este sí es el PND. Ofrezco disculpas por el error.
TEXTO CONCILIADO AL PROYECTO DE LEY No.199/07 Senado – 201/07 Cámara
“POR LA CUAL SE EXPIDE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2006-2010”
Para el registro:
"ARTÍCULO 34. Asignación de Recursos a las Universidades Públicas. Las
instituciones de educación superior contarán con un periodo de dos años de transición
para que puedan efectuar los respectivos ajustes institucionales en sus estructuras
financieras y de costos.
¿Hay algún documento aún pendiente o esos son todos los que motivaron el paro?
Pues escéptico, depende. Si le pregunta a alguien del comité proasamblea permanente, los documentos del paro incluirían los derechos humanos, la constitución de estados unidos y hasta el acta misma de independencia de antioquia!
Esto estaba en la editorial del colombiano en internet, me parece interesante
Pasan transferencias ...y el paro ahí
Pasada la reforma, en lo que debe concentrarse el país es en consolidar y hacer eficiente, eficaz y probo el gasto en los entes territoriales.
El día martes fue finalmente aprobado el nuevo marco para las transferencias de la nación a los entes territoriales. El acto legislativo que modifica el Sistema General de Participaciones era una de las prioridades en la agenda económica para darle viabilidad fiscal al país. Si se retornaba a la fórmula propuesta por la Constitución del 91, simplemente las cuentas fiscales colapsarían en el mediano plazo y tendríamos alto costo económico y social.
La Constitución del 91 tiene una virtud, y es orientar la ejecución del gasto a los entes territoriales. Esto ha permitido que los alcaldes y gobernadores asuman la responsabilidad ante sus electores por los temas de salud, educación y saneamiento básico, entre otros. A falta de un diseño adecuado de las cargas y responsabilidades, se les fijó a las regiones un porcentaje fijo de transferencias.
Además, la Constitución no consideró la disponibilidad de recursos en la economía como una restricción sino que asumió que éstos deberían "aparecer". Tampoco se demoraron en "aparecer" los fallos de la Corte Constitucional que estrenaban el ahora exigible estado social de derecho con algunas amenazas o mandatos de cárcel para los funcionarios del Ejecutivo que no hicieran efectivos los recursos necesarios.
El balance, dieciséis años después, no es nada positivo. Mientras el tamaño del Estado era del 21 por ciento del PIB, ahora es del 37 por ciento. Esta expansión se hizo en parte con aumento de impuestos, pero la mayor proporción estuvo por cuenta del endeudamiento que se escaló hasta llevarnos al umbral de la inviabilidad fiscal, es decir, un país que gasta más de lo que podía, pensando que el bienestar era algo mágico caído del cielo.
En medio del severo problema fiscal se convocó hace unas semanas a una comisión de notables para que hiciera sus recomendaciones para acabar de salir del embrollo que tuvo origen constitucional. Como somos un país de incoherencias e insensateces, a la par que ésta dio sus recomendaciones de reducción de gasto y cambio estructural de las cuentas fiscales, se aprobó la nueva norma de transferencias que sigue aumentando el gasto. Pero afortunadamente, no en la forma exponencial que lo hacía la vieja proporción fijada en la Constitución. Irónico alegrarse de que optáramos por lo menos grave.
Pasada la reforma, en lo que debe concentrarse el país es en consolidar y hacer eficiente, eficaz y probo el gasto en los entes territoriales. Es preocupante que el trasteo de votos lo que evidencie sea el interés de grupos corruptos por capturar administraciones municipales para beneficio propio. En este campo nos queda una enorme tarea por adelantar.
Como parece que Fecode y algunos grupos dentro de las universidades gustan de no ser claros para aprovechar coyunturas con fines políticos, creemos necesario enfatizar que tal como fueron aprobadas las transferencias, los recursos para la educación continuarán aumentando. De ninguna manera se reducirán. Además, el problema central en educación no es de la cobertura sino de la calidad. ¿Qué están haciendo los profesores por la calidad docente? Tal vez son ellos los que están en deuda con el país, con los niños y con los jóvenes universitarios. No al revés. Este paro ha hecho un enorme daño y de una manera totalmente injustificada.
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No es aplicable solamente a los profesores, la calidad también deben aportarla los estudiantes
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lo pego aquí por si lo quitan de la página del colombiano, pero por si algo la dirección es:
http://www.elcolombiano.com.co/
BancoConocimiento/P/pasan_transfe
rencias_y_el_paro_ahi/pasan_trans
ferencias_y_el_paro_ahi.asp?CodSe
ccion=53
ESTE ES EL INFORME SOBRE EL FORO QUE SE REALIZO EN EL PARANINFO SOBRE EL PND CON Gloria Cecilia Arboleda, profesora de la Universidad del Cauca; José Fernando Arias Duarte, director de Desarrollo Social del Departamento Nacional de Planeación; Marta Nubia Velásquez Rico, decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, y el gerente de la sucursal Medellín del Banco de la República Hugo López Castaño. Ojala sirva de algo como un aporte para seguir jenerando una discusion y para que todos miremos desde distintos puntos la problematica por la que estamos pasando. Este es el informe que aparece tambien en la pagina de la asamblea general de estudiantes pero mi intencion es difundir la informacion.
Ampliar la cobertura educativa, mejorar la calidad de la educación, procurar que los programas académicos sean pertinentes e intenten dar respuesta a las problemáticas de la sociedad y disminuir la inequidad en el acceso a la educación superior.
Gloria Cecilia Arboleda, profesora de la Universidad del Cauca; José Fernando Arias Duarte, director de Desarrollo Social del Departamento Nacional de Planeación; Marta Nubia Velásquez Rico, decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, y el gerente de la sucursal Medellín del Banco de la República Hugo López Castaño.
En torno a tales objetivos puede asegurarse que hay consenso por parte de los estudiantes, de los docentes, de los directivos y autoridades educativas y de la sociedad en su conjunto. En donde por lo general se presentan diferencias es en los mecanismos y las metas que se trazan para lograrlos, como el sistema de participación general o régimen de transferencias y el Plan Nacional de Desarrollo –PND– que acaban de aprobarse en la última legislatura y que tanta discusión, malestar y movilización han generado en el país.
Para unos la ampliación de cobertura no puede hacerse en detrimento de la calidad educativa, como cuando el gobierno Nacional pretende que ambos propósitos se cumplan con los mismos pesitos; para otros en el país abundan los profesionales, pero escasea la mano de obra cualificada en las áreas técnicas y tecnológicas y por tanto es este el tipo de formación que debe privilegiarse; para unos la educación es un derecho que el Estado y el Gobierno deben garantizar y subvencionar en su totalidad, mientras que hay quienes defienden un sistema de subsidio a la demanda o de créditos especiales para quienes quieran estudiar; en fin, los hay que abogan por la total autonomía en el manejo de la educación pública y que perciben la más refinada o escueta intervención externa mediante la financiación y los procesos de aseguramiento de la calidad.
Una muestra de las cercanías, pero también de las divergencias fue el foro que sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 y las universidades públicas promovió el Consejo Académico y la Rectoría de la Universidad de Antioquia, y en el que intervinieron, bajo la moderación de la decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Marta Nubia Velásquez Rico, el director de Desarrollo Social del Departamento Nacional de Planeación José Fernando Arias Duarte, la profesora de la Universidad del Cauca Gloria Cecilia Arboleda, y el gerente de la sucursal Medellín del Banco de la República Hugo López Castaño.
Logros y metas
En el foro, realizado el 7 de junio en el Paraninfo, José Fernando Arias Duarte aseguró que la política educativa en el PND 2006-2010 está enfocada a posibilitar el acceso y la cobertura de toda la población, a mejorar la calidad y la pertinencia y a crear condiciones favorables para contrarrestar la pobreza y la desigualdad.
Entre los logros del PND anterior en educación superior, sobre los cuales –dijo– se estructura el presente, resaltó el incremento de las matrículas del 20% al comienzo del cuatrienio en 2002 al 26% al final en 2006, es decir, cerca de 300 mil cupos más, sobre todo a expensas de la técnica y tecnológica. La matrícula oficial, que se concentra en los niveles técnico y universitario, pero sigue por debajo del promedio latinoamericano, creció en 59%, mientras que la privada en 10%.
Al logro de los anteriores resultados –aseguró– contribuyeron estrategias tales como el incremento en el número de programas con registro calificado de educación técnica y tecnológica y a los nuevos programas creados en esas modalidades en las instituciones de educación superior; los Centros Regionales de Educación Superior, CERES, (101 creados, 81 en funcionamiento con 7.503 cupos nuevos); los créditos ACCES; el desarrollo de programas académicos virtuales con tecnologías de información y comunicación.
Asimismo, la disminución de la tasa de deserción al pasar de 16.5% en 2003 a 12.9% en 2006, mediante el apoyo financiero y académico a los estudiantes; la estructuración del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en las áreas de información, evaluación y fomento, con la creación de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, Conaces, el registro calificado de 3.858 programas, el 3.9% (294) de programas con acreditación voluntaria de alta calidad y once centros de educación superior con acreditación institucional de alta calidad; la aplicación de los exámenes de evaluación de calidad de la educación superior, ECAES, a 60 núcleos básicos de conocimiento; el diseño y puesta en funcionamiento del Observatorio Laboral para la Educación, etc.
Las directivas académicas y la Rectoría de la Universidad de Antioquia promovieron la realización del foro sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 y las universidades públicas, con el ánimo de aportar elementos al debate en torno a la problemática que ha tenido en vilo la educación superior y pública en general en el país en los últimos meses.
Así, al reiterar que el actual PND se propone la universalización de la cobertura en educación básica, lo cual ejercerá una presión en los niveles superiores, Arias Duarte sostuvo que el país debe capitalizar lo que los demógrafos llaman una ventana de oportunidades, por las inversiones en capital humano en los próximos veinte años.
“Las estrategias del plan van encaminadas a lograr mayor cobertura, con equidad y pertinencia para relacionar adecuadamente el personal que se está formando frente a los requerimientos del mercado laboral”, afirmó, y dijo que para ello resulta fundamental los arreglos institucionales, como los que viene impulsando el gobierno nacional.
Del mismo modo, el director de Desarrollo Social del Departamento Nacional de Planeación aseveró que, en términos de calidad, si no se crean condiciones para que la educación superior resulte atractiva para las poblaciones que terminan su ciclo básico, difícilmente se consolidará el proceso de formación de capital humano.
“Uno de los principales retos –y hay que reconocer que falta mecanismos coordinados, concertados y eficientes que posibiliten la movilidad educativa–, es la articulación entre la educación media, la formación para el trabajo y la superior”, dijo. También manifestó que son retos del PND 2006-2010 aumentar cobertura, mejorar la equidad en el acceso y disminuir la deserción.
Sostuvo, además, que una de las estrategias del plan es mantener la regla de financiamiento de la oferta en la educación superior que –aseguró–, en ningún caso se ha propuesto modificar, pero, al mismo tiempo, advirtió que en la medida en que tal financiamiento resulte insuficiente, aunado a las restricciones del gasto del gobierno central, entonces habrá que buscar alternativas, como el aporte de los egresados que contempla el PND.
El fin de la universidad
A su turno, Gloria Cecilia Arboleda, profesora de derecho en la Universidad del Cauca y miembro de la Federación Nacional de Profesores Universitarios, Fenalprou, afirmó que de seguir el camino que señala no sólo el actual Plan Nacional de Desarrollo, sino la Revolución Educativa impulsada por el gobierno en el cuatrienio anterior y Visión Colombia 2019, en el país no existirá universidad pública, entendiendo este último término como universidad estatal u oficial, porque la política allí consignada, y concretada también en leyes como la de presupuesto, están en contra del elemento esencial de la universidad, la autonomía, sin la cual no existe.
“No será estatal porque se le indica que si quiere seguir funcionando tiene que autofinanciarse, pero el atentado más grave es contra la autonomía académica, cuando no se permite que los entes universitarios definan su destino académico, sino que desde el ministerio de Educación se le indica a la universidad qué debe hacer y cómo”, explicó.
Agregó la profesora universitaria y también miembro de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, Aspu, que los planes de estudio y los programas académicos se ven afectados cuando la política gubernamental plantea que el modelo pedagógico a seguir es el de la formación por competencias laborales o formación para el trabajo, lo cual va en contravía de la naturaleza de la universidad como institución autónoma donde se cultiva el saber y donde no sólo se forma para el hacer, sino para el pensar, el crear, el transformar.
Al insistir en que en los documentos del gobierno está explícito qué hacer en lo académico, para Arboleda la prueba es que la comunidad universitaria en todas las universidades públicas se ha visto abocada a modificar lo que venía haciendo y a adaptar los programas al sistema de créditos, y no sólo eso, “sino que se nos va a evaluar si sí lo estamos haciendo, a través de los Ecaes y el observatorio laboral”.
Según la jurista, uno de los mecanismos más efectivos para el logro en ese cambio del modelo pedagógico para el hacer, para formar en competencias, es el financiero, mediante el cual se violenta la autonomía de la universidad y la facultad de administrar su presupuesto como ella misma lo determine para cumplir su misión en la docencia, la investigación y la proyección social.
“Cuando el PND dice que parte del presupuesto de la universidad va a tener que gastarse en el pago de pensiones, desde afuera se nos indica cómo gastar el presupuesto asignado, desconociendo que es para el cumplimiento misional de la universidad”, dice, y asegura que los cuestionados artículos 34 y 38 del PND son efectivos para ello, porque al contrario de lo que se afirma, no son la salvación, sino lo peor que le puede pasar a las universidades, en particular a las del orden nacional, que las puede llevar a la quiebra, como ya sucedió en la Universidad del Atlántico.
“En el plan está escrito que el gobierno queda facultado para modificar los criterios de asignación de los recursos para las universidades, contrario a lo que está vigente en el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, que dice que a las universidades se les debe ajustar el presupuesto anual en pesos constantes, y ahora tiende a asignar con base en indicadores de gestión”, precisó.
Arboleda insistió en que las universidades se verán abocadas a su inviabilidad financiera, y que hay que mirar los casos concretos y el contexto, como el de la Universidad de Antioquia que se ha puesto como ejemplo y se ha dicho que se salvó gracias a la medida tomada hace ya varios años.
“Y entonces el gobierno nos dice que si las universidades del orden territorial concurren al pago del pasivo pensional, las nacionales también, y nosotros respondemos que el principio de igualdad se predica en condiciones iguales, pero no estamos en situaciones similares, porque la Universidad del Valle, la Universidad Industrial de Santander y la Universidad de Antioquia, estaban en la práctica quebradas cuando se tomó la medida, y lo acabo de leer en el periódico ALMA MATER, y gracias a la Nación, que no era la principal obligada, sino el Departamento, les permitió salir de la inviabilidad en la que estaban sumidas, porque se les inyectó recursos”, planteó.
La dirigente sindical recordó que en las universidades nacionales, hasta hoy la Nación ha pagado la totalidad del pasivo pensional, conforme al artículo 130 de la ley 100 de 1993, y fue categórica al afirmar que en tanto se sostenga la tesis de que ahora deben concurrir aunque sea en un porcentaje bajo, entrarán en inviabilidad financiera, a no ser que adopten el modelo de la autofinanciación.
“Queremos una universidad pública, financiada por el Estado, con acceso para todos, no excluyente, ni autofinanciada, porque conlleva a las matrículas altas, a desviar la finalidad de los universitarios hacia la búsqueda de recursos y no hacia el cumplimiento de sus responsabilidades misionales”, dijo, y aseguró que todos los colombianos estamos de acuerdo en que necesitamos una universidad pública, como sucede en los países desarrollados, donde están las mejores del mundo.
“Las universidades públicas de este país, con los recursos escasos que tenemos, prácticamente congelados desde 1993, hemos hecho inmensos esfuerzos por atender a esas tres líneas que el gobierno plantea en los planes de desarrollo para ampliar cobertura, mejorar la calidad y la eficiencia, antes del gobierno Uribe Vélez, no son las metas del gobierno, sino de las universidades públicas con los mismos recursos de 1993, cuando entra en vigencia la ley 30 de 1992”, concluyó.
Expansión
Para el actual gerente de la sucursal Medellín del Banco de la República, el economista Hugo López Castaño, Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y el acceso desigual al capital humano y a la educación superior es una de las causas que hay que corregir.
El ex director de la Misión contra la pobreza enuncia entre las razones de tal desequilibrio que desde comienzos de los años 90 se produjo un cambio en la demanda laboral a favor del personal con estudios superiores; tanto que la nómina que pagan las empresas a dicho personal del 91 a la fecha ha pasado del 38% al 55%, con lo cual queda claro que las empresas no demandan sino gente con estudios superiores, y no simples trabajadores, quienes son lanzados al sector informal.
En segundo lugar, López Castaño observa que hoy estamos graduando 550 mil bachilleres por año, y que de aquí al 2010, con las metas del Plan, vamos a graduar más de 4 millones 200 mil bachilleres y de aquí al 2019 más de diez millones que van a ir al desempleo, a menos que les de acceso a educación superior.
Dijo el reconocido investigador de la problemática educativa y laboral que en las principales ciudades, apenas el 59% de los bachilleres fueron admitidos el año pasado en estudios superiores, y de los que pertenecían al 30% más pobre no pasó sino el 16%.
“En cambio –subrayó– para los deciles más altos pasa todo el mundo, mientras tanto las universidades oficiales siguen siendo altamente elitistas: apenas el 16% de los estudiantes oficiales provienen de los cinco deciles más pobres, o sea el 50% más pobre”, y agregó que los subsidios a la educación superior en 2003 valían 1.8 billones, pero apenas el 2,5 iban al 20% más pobre, el 20% más rico recibía el 41.6%, “de manera que estamos en un mundo de desigualdad y los que reciben los subsidios son personas relativamente solventes”.
López Castaño recordó que la Misión contra la pobreza propuso elevar el estudiantado de pregrado de 1.2 millones en 2005 a 2.7 en 2019, y consideró en ese sentido tímidas las metas del PND de sumar 300 mil estudiantes más, si se compara con América Latina, que duplica el estudiantado cada diez años.
En esa dirección, propuso que hay que promover el acceso de los pobres a la educación superior, combinando subsidios de sostenimiento para que no tengan que trabajar y puedan dedicarse a estudiar tiempo completo, y otorgando crédito para todos, y estrategias que suban la calidad. “El Icetex puede cumplir con esa labor, en su programa Acces tiene autorizados 500 millones de dólares, suficientes para triplicar la cobertura y hay un cupo de 400 mil millones para subsidios de sostenimiento a los más pobres”, dijo.
Agregó que la Misión propuso extender de manera paulatina y voluntaria el sistema de crédito a las universidades oficiales, de manera que los pobres no tendrían que pagar derechos de matrícula, lo mismo que hoy, pero en adición recibirían subsidios de sostenimiento, unos 600 mil pesos semestrales, y tendrían que tomar un crédito tipo Acces con el Icetex: en la carrera no pagarían nada, porque se les condona las cuotas del crédito con buen rendimiento, y al salir, cuando ya no sean pobres y después de un año de gracia, a largo plazo y con cuotas moderadas repagarían la obligación que adquirieron con la sociedad.
“Ese sistema permitiría financiar las universidades y generar recursos por recuperación para una expansión considerable”, aseguró, al tiempo que dijo: “Cuando uno piensa en los problemas del país y en el acceso de los pobres, no puede limitarse a decir mamá Nación dé todo gratis, subsidie los estudiantes de altos ingresos que hoy están en las universidades. El país se va a quedar atrasado a menos que haga este tipo de cosas; los pobres van a salir de bachilleres al desempleo”.
Cajas previsionales de tendero
El economista Hugo López Castaño, ex director de la Oficina de Planeación de la Universidad de Antioquia y ex director de la Misión contra la pobreza, hizo un recuento del problema pensional de las universidades, que hacia 1993 era tan elevado que superaba el activo y por tanto estaban quebradas.
En el 93 –relató– el pasivo pensional de la Universidad de Antioquia, traído a pesos de hoy y divido por dos mil pesos por dólar, la tasa de cambio actual, valía 400 millones de dólares; mientras que en el conjunto de las universidades territoriales superaba los cuatro mil millones de dólares.
“El artículo 131 [de la ley 100 de 1993] de cuya redacción inicial nos encargamos en esa época –continuó el ex directivo universitario– sentó las bases para sanear progresivamente ese pasivo y en el caso de las universidades territoriales se procedió así: se calculó con soportes en la mano cuánto valía, lo primero que hay que hacer, segundo, los empleados y las instituciones empezaron a cotizar, se hicieron acuerdos de concurrencia entre la nación, los departamentos y las universidades; en el caso de la de Antioquia la nación aportó el 78%, el departamento el 12% y la Universidad el 10%”, en proporción a los aportes al presupuesto de los últimos diez años; la nación giró bonos pensionales tipo b, definidos a fechas de redención acordes con el flujo pensional y gracias a eso la situación es hoy sana; la Universidad lideró ese proceso pero no fue fácil, porque la nación no quería reconocer el pasivo por los profesores del liceo y el bachillerato nocturno”.
Por qué sigue vivo el problema en las universidades del orden nacional, se preguntó el actual gerente de la sucursal Medellín del Banco de la República. El profesor López Castaño continuó su relato así:
Según estimativos de Planeación Nacional –anotó–, el pasivo oscila entre dos mil y dos mil quinientos millones de dólares; la gestión de los responsables fue básica, se adelantaron al problema y llegaron a acuerdos, lo que no pasó con las de orden nacional por dos razones:
La ley 100 de 1993 –recordó– preveía en principio crear un fondo nacional de pensiones públicas, que subrogaría las obligaciones de las universidades nacionales. La Nacional no quiso confiada en que como era nacional la Nación atendería siempre corrientemente las obligaciones pensionales y dejó conservar su caja previsional, particular, que es una caja de tendero, en la cual entran este mes dineros y salen este mes los mismos dineros; paralelamente siguió liquidando las pensiones con base en los acuerdos del consejo superior.
A las nacionales –recomendó– les conviene montar un sistema previsional basado no en cajas de tendero sino en reservas actuariales, similar al previsto para las territoriales. Creo que los profesores jubilados que hoy tienen ese sanbenito encima agradecerían poder recibir sus pensiones al futuro sobre un sistema fondiado actuarialmente, porque si no se hace así, amparados en los principios de autonomía, se tiende a manejar de manera laxa los beneficios y a esperar la crisis confiado en que la nación paga.
Del artículo 38 del PND –propuso– rescataría abrir a las nacionales el principio de concurrencia, y enseguida abrir un método para sanear definitivamente el pasivo descubierto; lo demás es negociable: lo primero es garantizar el pago de las pensiones a los actuales jubilados, luego pensar en el largo plazo calculando cuánto vale, qué es lo que Hacienda reconoce, la parte en litigio, aceptar la parte en que la nación está de acuerdo, como lo hizo la de Antioquia y someter lo demás a los tribunales, y con apoyo de juristas establecer la legalidad de los acuerdos de los consejos superiores, que a veces fijan una base de liquidación superior a la legal. Y contra las pensiones irregulares, exorbitantes, como en la del Valle, obtener la reducción de los montos no legales o la suspensión de pagos, lo cual se hizo con éxito en la del Valle, Quindío, Atlántico, UIS y Distrital. Hay que llegar a acuerdos para sanear de un modo que no comprometa la misión universitaria. Una caja de tendero no, sino un sistema moderno, previsional, donde la gente pueda respirar tranquila hacia el futuro.
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